Los asesinatos de periodistas están sorprendiendo por su mortífera cadencia en México, un país acostumbrado a enterrar a un promedio de 100 personas al día por violencias de toda clase sin apenas conmoción pública: ya van cinco reporteros ejecutados en lo que va de año, es decir, en menos de un mes y medio. De seguir así, 2022 reflejará las estadísticas más criminales en mucho tiempo.
Desde inicio de siglo, las organizaciones especializadas recogen 147 profesionales de la comunicación muertos a manos de sicarios en el país norteamericano, lo que le ha granjeado la indeseable fama de ser el peor territorio para ejercer este oficio. Es, dicen, lo mismo que reportear en medio de una guerra. El periodista asesinado este jueves se llamaba Heber López Vásquez, 39 años, y los tiros le sorprendieron en el estudio de grabación de su casa: allí mismo cayó muerto y su voz crítica sobre la realidad de Oaxaca quedó silenciada para siempre.
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El patrón se repite: periodistas locales que arriesgan su vida contando la corrupción y los enormes desajustes del poder político y económico en sus regiones o municipios. López Vásquez se había dedicado mucho tiempo a las noticias sobre seguridad, es decir, a contar crímenes, y últimamente también a poner de manifiesto supuestas irregularidades en un megaproyecto de rompeolas en su pueblo, Salina Cruz.
Perfiles parecidos mostraban Margarito Martínez, acribillado a la puerta de su casa en Tijuana, el 17 de enero, apenas unos días antes de que cayera otra compañera en la misma ciudad fronteriza, Lourdes Maldonado, que mantenía un pleito con el anterior gobernador del Estado de Baja California. La connivencia en México entre el crimen y el poder político y económico forma tal amalgama que es un nudo indisoluble y confiere características propias al drama. ¿Cómo pedir protección si el que tiene que proteger está coludido con las balas? Esa es la razón de que muchos reporteros opten por no denunciar su caso, ante el temor de incrementar el riesgo.
La organización Artículo 19, una de las que documentan la matanza de periodistas en México, señala que la responsabilidad del 40% de los asesinatos recae en funcionarios públicos, es decir, alcaldes, jefes de seguridad del municipio, policías, militares y uniformados de cualquier cuerpo. Esa es la razón de que haya dos ventanillas para pedir apoyo, la de los Estados y la federal. Si uno se siente agredido por burócratas o cargos políticos de su comunidad puede recurrir a la protección federal. Pero una y otra muestran fallas. El análisis del riesgo no suele ser certero ni profesional. En ocasiones, apenas consiguen un botón de pánico, en otras se les conceden chalecos antibalas o incluso escoltas. Pero estos tienen horario. El caso de Lourdes Maldonado fue especialmente aleccionador.
Maldonado llegaba a su casa el día 23 de enero, el domingo que los colegas habían organizado una velada de protesta por la muerte Margarito Martínez en Tijuana. Los escoltas ya habían concluido su jornada y una bala acabó con su vida cuando aún no había salido del coche, a la puerta de su garaje. Su caso fue un aldabonazo que propició manifestaciones de reporteros por todo el país.
El presidente del Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, envió personal de investigación especial para aclarar el crimen. Se sentía especialmente concernido, puesto que la reportera había participado meses antes en una de las conferencias matutinas que a diario ofrece el mandatario mexicano. Allí se levantó y expuso su caso ante todo el país: “Temo por mi vida”, dijo. No le faltó razón. Su caso hizo mucho ruido y ya hay dos detenidos por su muerte. Y otros dos por la de López Vásquez. Los expertos avisan de que detener a los sicarios es fácil, las cámaras los delatan. Pero solo se encarcela con ellos la mitad de la verdad. Los que pagan para que se apriete el gatillo suelen tener perfiles más poderosos y no acaban en la cárcel. En México, la impunidad para cualquier clase de asesinato supera el 90%. En el caso de los periodistas, Artículo 19 habla de un 99,13% de crímenes no resueltos, algunos de los cuales se demoran intencionadamente en las fiscalías durante años.
“La situación es insostenible, no sabemos las razones de este repunte, porque el año pasado fueron nueve reporteros muertos y en este año ya van cinco”, comienza Juan Vázquez, oficial de comunicación de Artículo 19. “Son necesarias medidas integrales, es decir, que no se queden en políticas de protección, que acaban depositando la responsabilidad en la víctima. Se requiere prevención, que se identifique al instigador y que se combata la impunidad”, añade Vázquez.
Los años más mortíferos en épocas recientes fueron el 2016 y el 2017, cuando se registraron, respectivamente, 11 y 12 asesinatos de reporteros. Pero este sexenio muestra malos augurios. En nada ayuda la cruzada contra la prensa del presidente, cuyos discursos diarios ponen a los profesionales en mal lugar de forma recurrente. Este viernes, con el cadáver de Heber López aún sin tierra, ha sido la última vez que López Obrador ha dedicado buena parte de su conferencia matutina a criticar a ciertos periodistas que considera enemigos de su proyecto de Gobierno y a alabar a los afines.
“El clima es adverso para la prensa, porque se les sitúa en un lugar de privilegio del cual, definitivamente, no gozan los agredidos. Suelen trabajar en condiciones precarias y normalmente acuden a otro oficio para completar su pobre salario”, dice Vázquez. Esa es la razón, señala Artículo 19, por la que, en demasiadas ocasiones, las autoridades políticas y judiciales desvían la atención de las muertes, señalando causas distintas de las del quehacer periodístico. El Estado se sitúa como víctima en lugar de responsable de la violencia”, añade Vázquez.
Son momentos turbulentos para la prensa. Se les desprestigia y estigmatiza mientras se produce una agresión cada 12 horas. La Ciudad de México, sede de los poderes centrales, se mantenía un tanto a salvaguarda de estos crímenes, pero las balas están ya llamando a sus puertas, como declaran los periodistas amenazados. López Vásquez también había recibido amenazas del anterior alcalde de su pueblo, Juan Carlos Atecas, e intimidaciones por parte de su personal de seguridad, según investigaciones de Artículo 19. Uno de los dos detenidos por su muerte es un expolicía local.
La policía en México tiene una peligrosa puerta giratoria, a menudo cuando el agente no está del lado del ciudadano salta a la trinchera de los criminales. Una pésima situación laboral les hace también víctimas de un sistema podrido.
¿Un gobierno que busca silenciar?
Recientemente, el periodista Carlos Loret de Mola provocó miles de reacciones al revelar en un reportaje el lujo de la mansión en que habita José Ramón López Beltrán, el hijo mayor de Andrés Manuel López Obrador, quien está casado con Carolyn Adams, hija de una mujer de origen brasileño y un estadounidense.
Este es el reportaje de @latinus_us y @MXvsCORRUPCION que enfureció al presidente. Esto es lo que no quiere que sepas. https://t.co/Myrx8yWPoK pic.twitter.com/LWKtDGQ7Rt
— Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) February 12, 2022
A esta acusación, el presidente mexicano conocido como AMLO, rechazó que sus hijos tuvieran influencia en el poder y lanzó descalificaciones contra Carlos Loret revelando públicamente sus supuestos ingresos económicos, lo cual supone una forma de chantaje que puede incluso convertirse en un argumento que ponga en peligro la vida del informador.
“Para las organizaciones periodísticas internacionales resulta inconcebible que en México, un país democrático y con tradición de excelentes periodistas, el presidente de la República recurra a esta forma de chantaje contra un informador que cumple con su obligación de contar la verdad a sus lectores u oyentes”, señala a EL UNIVERSAL Diego Carcedo, presidente de la Asociación de Periodistas Europeos (APE), con sede en España.
“Para juzgar el trabajo de los periodistas están los tribunales de Justicia en caso de duda y, para fiscalizar sus ingresos, los servicios de la hacienda pública o las agencias tributarias. Nadie tiene derecho a denunciar el salario de un profesional ante la opinión pública y más cuando puede convertirse en un argumento que ponga en peligro su vida”, agrega el máximo responsable de la APE.
En su conferencia de prensa desde Sonora, López Obrador acusó a Carlos Loret de Mola de recibir, durante 2021, 35 millones 200 mil pesos, pero no por ser periodista, sino por su labor como «golpeador», y pidió que aclare por qué Televisa le dio 11 millones de pesos el año pasado si el informador ya no trabaja ahí.
“Le voy a solicitar al instituto de la transparencia, ya saben que tengo diferencia con ellos, pero formalmente les voy a pedir que solicite al SAT que me certifiquen los datos», aseguró.
El Presidente subrayó que pedirá información “más a fondo” de Latinus, empresa de comunicación donde colabora Loret de Mola, además de averiguar si paga impuestos.
Desde hace dos semanas, López Obrador ha mostrado su enojo hacia el periodista, luego de que publicó que el hijo mayor del mandatario, José Ramón López Beltrán, vive una casona en Houston, Texas.
En respuesta a los señalamientos del Presidente, el periodista lo acusó de ponerlo en riesgo y de calumniarlo al exhibir datos «falsos, inflados».
