El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, sometió ayer tres expedientes ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) sobre presuntas irregularidades en procesos de compras del Plan de Asistencia Social de la Presidencia y del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) realizados durante la anterior administración.

Pimentel entregó la documentación al director de la Pepca, Wilson Camacho, y afirmó que en todos los casos hubo asociaciones de funcionarios con proveedores del Estado para “burlar y violentar el sistema de contrataciones públicas y con esto utilizar los recursos del pueblo dominicano para fines particulares e ilícitos”.

Las supuestas irregularidades a las que hace referencia Contrataciones Públicas habrían sido cometidas mientras Iris Guaba dirigía el Plan Social y Berlinesa Franco el Inaipi.

En el expediente sobre el Plan Social se reseña que desde el año 2019 se ha dado una “recurrencia sospechosa” en los procesos de compras y contrataciones de esta entidad, que “otorgaba adjudicaciones millonarias a compañías que fungían como intermediarias”.

Pimentel sostuvo que estas acciones dan lugar a un mayor gasto para la institución contratante y que “su única explicación son vínculos o acuerdos entre funcionarios y proveedores del Estado”.

Respecto a los dos expedientes que involucran al Inaipi, uno de ellos refiere que en 2016 ese organismo “incurrió en violaciones a la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones, a través de procedimientos de urgencia de los cuales no se tiene evidencia y que le costaron al Estado dominicano unos RD$208.05 millones”.

Según una auditoría practicada por la Cámara de Cuentas, estos pagos se hicieron por concepto de equipos computacionales y de comunicaciones, materiales, suministros, aparatos audiovisuales, obras de infraestructura y mobiliarios.

El segundo expediente sobre el Inaipi documenta “irregularidades” detectadas en un proceso de contratación del año 2018 para el suministro y distribución de leche a los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi) y Centros de Atención a la Familia y a la Infancia (Cafi) a nivel nacional.

La Dirección General de Contrataciones Públicas asegura que la institución de atención infantil “adjudicó ilegalmente contratos millonarios a compañías vinculadas entre sí por montos que superan los RD$60 millones, con el argumento de que había sido un proceso transparente en el que las empresas cumplieron con los requisitos”.

MP establecerá responsabilidades de funcionarios. Al preguntársele sobre cuáles funcionarios actuaron en estos procesos de compras para cometer irregularidades, el director de Contrataciones Públicas respondió que la tarea de identificar a los responsables le corresponde al Ministerio Público.

No obstante, Carlos Pimentel afirmó que el organismo rector está analizando los expedientes de compras y contrataciones “sin fijarnos en fecha y momento, sino que analizamos hechos y sobre estos emitimos juicios y a partir de estos el Ministerio Público tendrá elementos suficientes para profundizar en las investigaciones”.

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